DIÁLOGO NECESARIO PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES

Frente a la realización del PARO NACIONAL AGRARIO de los días 18 y 19 del presente mes y ante la actitud discriminatoria y represiva por parte del Gobierno Central, que ha decidido responder a un problema que afecta a un gran sector de peruanos y peruanas, con una declaración de estado de emergencia en las provincias de Huaura, Huaral y Barranca del departamento de Lima, en las provincias de Huarmey, Casma y Santa del departamento de Ancash y en la provincia de Virú del departamento de La Libertad y la dación de la resolución suprema N057-2008-DE que dispone que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno durante el Estado de Emergencia declarado en las referidas provincias.

La Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote, lamenta la respuesta del Gobierno Central, que nuevamente hace manifiesta una actitud equivocada respecto de las demandas sociales, esta vez venida desde los trabajadores del campo (pequeños y medianos agricultores) que luego de no encontrar respuesta a sus reclamaciones tomaron la decisión de iniciar una medida de protesta, que compartamos o no, tienen sustento en problemas reales reiteradamente reclamados y negligentemente desatendidos por las autoridades del sector.

Las directivas, que traslucen una política de gobierno, de causar la impresión de que dirigentes y trabajadores agrarios no son más que “agitadores” -y otros adjetivos denigrantes- “que buscan detener el desarrollo de nuestro país”, disponiendo medidas extremas como el estado de emergencia y la consecuente restricción y privación de derechos constitucionales como la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito, son desalentadoras y poco acordes con un Estado Democrático de Derecho.

Preocupa también la actitud de instituciones tutelares de la administración de justicia de nuestra ciudad, como el Ministerio Público y Poder Judicial, que sin mayor fundamento han legitimado la detención arbitraria de 31 ciudadanos (agricultores residentes del Valle de Santa y Lacramarca) contra los que han abierto proceso penal como presuntos autores del Delito de Disturbios - Alteración del Orden Público, Entorpecimiento de los Servicios Públicos, cuando diversos materiales audiovisuales adjuntados a la denuncia fiscal no hacen sino evidenciar la arbitraria actuación de los miembros de la Policía Nacional ; mucho más grave es el hecho de haber dispuesto la detención de cinco personas, a las que se ha internado en el Centro Penitenciario de Chimbote, cuando el art. 135 del Código Procesal Penal establece como principio que la privación de la libertad es una medida cautelar extrema que sólo se justifica, cuando de la investigación preliminar, resulte suficientes elementos probatorios que vinculen al imputado como autor o partícipe del delito, cuando el hecho denunciado revista gravedad y que por tal hecho el Juzgador, razonablemente, pueda concluir que el imputado eludirá el juzgamiento o perturbará la acción probatoria; requisitos que no fueron tomados en cuenta por la autoridad jurisdiccional.

Nos solidarizamos con los agricultores detenidos y con sus familiares, quienes luego de tan dura experiencia aún están sufriendo las secuelas de la misma, en tanto vienen denunciando haber sido maltratados injustificadamente por los miembros de la PNP , lo que ha provocado reacciones de indignación por parte de familiares, amigos y organizaciones sociales diversas.

La Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote, llama la atención de autoridades y dirigentes de las organizaciones sociales en general, a efecto de que retomen un diálogo franco y desinteresado para encontrar soluciones a la problemática de los diversos sectores y comunidades de nuestro país que no se sienten parte beneficiada por los logros económicos reiteradamente anunciados por los gobernantes..

Comisión de Justicia Social

Chimbote 22 de febrero 2008